Notimex
VILLAHERMOSA, 11 julio.- El presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (EPCT), Gustavo Rodríguez Castro, confirmó que el PRI impugnó la elección de gobernador, que según los cómputos ganó el perredista Arturo Núñez Jiménez.
Detalló que la representación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el órgano electoral de la entidad acusó supuestas anomalías en 17 de 21 distritos electorales.
Entre ellas, dijo, están presuntas irregularidades en las sesiones de cómputo y en la integración de las mesas directivas de casilla el día de la elección, conforme al listado de ciudadanos registrados para tal función.
Por ello, añadió, ya se integran a marchas forzadas los expedientes sobre cada uno de los distritos impugnados y las casillas, con el objeto de enviarlos al Tribunal Electoral de Tabasco.
Expuso que el 1 de julio hubo funcionarios de casilla que presuntamente declinaron de última hora participar, razón por la que se sustituyeron conforme a la lista de suplentes, aunque fueron pocos los casos en que ocurrió.
Por su parte, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Rafael Oceguera, apuntó que sólo hacen uso de la Ley de Medios de Impugnación y acatarán los fallos de los tribunales.
Rechazó que la impugnación sea motivada por intenciones “dolosas o inconfesables”, pues el PRI sabe reconocer los resultados en una democracia.
Periodismo e Investigación (busca un profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. Buscado explicar las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento. El por qué y el cómo se tomó una decisión, la cual busca responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo. Basándonos en la observación de individuo y grupos de población, teniendo como medios la redes sociales, el internet, la prensa escrita, tv, y la radio )
"comportamiento político desviado" Corrupcion
La corrupción también ha sido definida como: "comportamiento político desviado"
Stephen D. Morris, quien realizó un interesante estudio de la corrupción en México, sostenía que "Se la ha definido como el uso ilegitimo del poder público para el beneficio privado"; "Todo uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político"; o simplemente como "el uso arbitrario del poder".
Otra definición con un énfasis más jurídico la proporciona Guillermo Brizio: "Se designa a la corrupción como un fenómeno social, a través del cual un servidor público es impulsado a actuar en contra de las leyes, normatividad y prácticas implementados, a fin de favorecer intereses particulares".
La corrupción también ha sido definida como: "comportamiento político desviado" (falta de ética política); "conducta política contraria a las normas jurídicas" (falta de ética jurídica y política); y "usurpación privada de lo que corresponde al dominio público". Cabe destacar que el interés personal no es un elemento que necesariamente debe incluirse en una definición, pues los actos de corrupción no siempre benefician únicamente intereses particulares.
La corrupción puede beneficiar a familiares, amigos o incluso a una organización, a una causa o movimiento social, político o cultural. Debido a lo anterior, algunos autores han diferenciado la corrupción egoísta de la solidaria. Para efectos de esta disertación, la corrupción se define como un acto racional ilegal, ilegitimo y no ético por parte de servidores públicos, en perjuicio del interés común de la sociedad y del gobierno, y en beneficio de un interés egoísta o solidario de quien lo promueve o lo solapa directa e indirectamente.
Un Ex Gobernador (Peña Nieto ) que no reconoce lo que paso en su gobierno 4773 denuncias por violación en año y medio, y 922 homicidios dolosos contra mujeres cometidos entre enero de 2005 y agosto de 2010. De los 922
EVITAN DECLARAR ALERTA DE GÉNERO POR FEMINICIDIOS EN EL ESTADO DE MÉXICO
· La violencia feminicidia no es un asunto prioritario para algunos Estados del país: el mensaje
· La violencia feminicidia no es un asunto prioritario para algunos Estados del país: el mensaje
Con 20 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia determinó declarar improcedente la solicitud de alerta por violencia de género en el Estado de México por los casos de feminicidio.
Esta determinación -sin apego a una consciencia de género, a una responsabilidad ética y al respeto a los derechos humanos de las mujeres y niñas- se realizó ignorando todos los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres y convenciones que nuestro país ha signado en la materia, así como pasando por alto la obligación de los Institutos de las Mujeres de todo el país para defender y promover los derechos humanos de las mujeres y niñas.
Con esta decisión se demuestra que las violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres en nuestro país, no son un tema prioritario para la mayoría de los Estados, quienes lejos de atenderlo de manera inmediata y buscar establecer acciones urgentes de prevención de la violencia contra las mujeres y niñas, prefieren proteger los intereses políticos de sus gobernantes.
En la solicitud de alerta de género formulada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres se sustentó con información oficial del propio Estado de México (Procuraduría General de Justicia del Estado, Comisión de Derechos Humanos del Estado, entre otros) que demuestra que existen alarmantes niveles de violencia contra las mujeres, un patrón sistemático de violencia feminicida y un contexto de impunidad en estos casos.
Entre los alarmantes datos que se destacaron para sustentar la petición, se encuentran los proporcionados por la propia Procuraduría del estado de México que reportó 4773 denuncias por violación en año y medio, y 922 homicidios dolosos contra mujeres cometidos entre enero de 2005 y agosto de 2010. De los 922 homicidios dolosos de mujeres, destaca que las autoridades ignoran o desconocen quién es el homicida en el 56.72% de los crímenes y sólo en los casos donde el asesinato fue cometido por una persona conocida (pareja, familiar o vecino), la autoridad conoce la identidad del victimario (35.47%), contrario a esta información, las autoridades han pretendido reducir la problemática del feminicidio al ámbito familiar.
La violencia feminicida documentada por los organismos mencionados se refiere a los 10 municipios más poblados siendo estos: Ecatepec, Netzahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlan, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.
Cabe mencionar, además, que en el Cuarto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Migrantes en Tránsito por México, el Estado de México es una de las tres entidades del país con los niveles más altos de violencia contra este sector.
A pesar de los argumentos sólidos y contundentes a favor de la declaración de alerta de género, la votación en la que participaron las Representantes de los mecanismos para el adelanto de las mujeres de las entidades federativas, determinaron que la declaratoria era improcedente.
Quienes se opusieron irracionalmente e intransigentemente a la aprobación de la investigación preliminar a la declaratoria de alerta refirieron una supuesta falta de certeza de las estadísticas expuestas, manipulación de intereses partidistas, la utilización de las mujeres como un pretexto para atacar al Gobernador del Estado y una clara politización como trasfondo de este asunto.
La representante del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México, Lorena Cruz Sánchez y la asesora jurídica de la entidad, lejos de argumentar razones de fondo, se concretaron a desacreditar las actuaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, señalando que las acciones fueron sesgadas, pues la notificación sobre la solicitud de alerta fue realizada en días inhábiles y sin que se haya realizado una investigación a fondo sobre los señalamientos referidos por las organizaciones sociales. Estos fueron argumentos verdaderamente legaloides.
Por su parte, la Directora General del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Martha Lucía Mícher Camarena, defendió la procedencia de la solicitud presentada y aclaró que esta figura no es un enjuiciamiento para el estado de México ni para su gobernador sino un procedimiento administrativo preventivo y de investigación que busca inicialmente conformar un grupo de expertos y expertas en perspectiva de género que daría su opinión para que posteriormente se analizara la procedencia o no de la declaratoria de alerta de violencia de género. Así mismo, precisó enfáticamente que la investigación preliminar busca garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia y que se concreta mediante el conjunto de acciones de emergencia que el gobierno, en su caso, implementaría para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.
Martha Lucía Mícher Camarena llamó la atención de la razón de ser de los institutos e instancias de las mujeres en los estados para defender y promover los derechos humanos de las mujeres, mismo que han costado una larga lucha de más de 30 años y llamó a no votar para incumplir la ley, sino para actuar en congruencia con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como con los diversos tratados internacionales en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres y de conformidad con la reciente sentencia dictada en 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras “Campo Algodonero”.
La Representante del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México aclaró que la función de las y los representantes integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, es la de defender los derechos de todas las mujeres, al margen de consideraciones partidistas y de intereses de gobierno. De igual forma, precisó que el sentido último de la alerta es precisamente buscar un acceso a la justicia pronta, efectiva y con la debida diligencia para las mujeres y niñas, es decir, facilitar -en un contexto de violencia sistemática- un mecanismo efectivo para hacer cesar las violaciones graves a los derechos de las mujeres y las niñas.
Cabe mencionar que el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres está integrado por el Subsecretario de Gobernación, los mecanismos estatales para el adelanto de las mujeres e instancias y organismos autónomos del Gobierno Federal.
Las representantes que votaron en contra de la alerta fueron entre otros: Zacatecas, Aguas Calientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas; en tanto, entre quienes argumentaron su procedencia se encuentran además de este Instituto, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña y el de Jalisco, el Instituto Nacional de las Mujeres, FEVIMTRA, la Secretaria de Desarrollo Social, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, y finalmente hubo dos abstenciones que corresponden a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres de los Estados de Baja California y Guanajuato.
La alerta de género, de acuerdo con la Ley de Acceso, tiene como objetivo garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra. De haberse aprobado, el Gobierno del Estado de México tendría la obligación de implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; así como elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres y asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta, entre otras medidas; sin embargo, al ser declarada como improcedente, el Gobierno mexiquense no está obligado a realizarlas, en perjuicio de las mexiquenses.
Para el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, la negativa para iniciar el proceso de investigación de los hechos evidenciados por las organizaciones sociales sobre la violencia feminicida en el Estado de México, constituye una afrenta que perpetúa el riesgo y la impunidad en el que ya viven las mujeres en el Estado de México.
¿Cómo se puede justificar el incumplimiento de la Ley ante un panorama tan evidente y desolador de violencia sistemática para las mujeres y niñas del Estado de México? ¿Qué duelo se puede elaborar por los familiares ante la reafirmación de la impunidad y la falta de interés por erradicar esta problemática?
Escritora y Periodista lydia Cacho
Esta determinación -sin apego a una consciencia de género, a una responsabilidad ética y al respeto a los derechos humanos de las mujeres y niñas- se realizó ignorando todos los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres y convenciones que nuestro país ha signado en la materia, así como pasando por alto la obligación de los Institutos de las Mujeres de todo el país para defender y promover los derechos humanos de las mujeres y niñas.
Con esta decisión se demuestra que las violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres en nuestro país, no son un tema prioritario para la mayoría de los Estados, quienes lejos de atenderlo de manera inmediata y buscar establecer acciones urgentes de prevención de la violencia contra las mujeres y niñas, prefieren proteger los intereses políticos de sus gobernantes.
En la solicitud de alerta de género formulada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres se sustentó con información oficial del propio Estado de México (Procuraduría General de Justicia del Estado, Comisión de Derechos Humanos del Estado, entre otros) que demuestra que existen alarmantes niveles de violencia contra las mujeres, un patrón sistemático de violencia feminicida y un contexto de impunidad en estos casos.
Entre los alarmantes datos que se destacaron para sustentar la petición, se encuentran los proporcionados por la propia Procuraduría del estado de México que reportó 4773 denuncias por violación en año y medio, y 922 homicidios dolosos contra mujeres cometidos entre enero de 2005 y agosto de 2010. De los 922 homicidios dolosos de mujeres, destaca que las autoridades ignoran o desconocen quién es el homicida en el 56.72% de los crímenes y sólo en los casos donde el asesinato fue cometido por una persona conocida (pareja, familiar o vecino), la autoridad conoce la identidad del victimario (35.47%), contrario a esta información, las autoridades han pretendido reducir la problemática del feminicidio al ámbito familiar.
La violencia feminicida documentada por los organismos mencionados se refiere a los 10 municipios más poblados siendo estos: Ecatepec, Netzahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlan, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.
Cabe mencionar, además, que en el Cuarto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Migrantes en Tránsito por México, el Estado de México es una de las tres entidades del país con los niveles más altos de violencia contra este sector.
A pesar de los argumentos sólidos y contundentes a favor de la declaración de alerta de género, la votación en la que participaron las Representantes de los mecanismos para el adelanto de las mujeres de las entidades federativas, determinaron que la declaratoria era improcedente.
Quienes se opusieron irracionalmente e intransigentemente a la aprobación de la investigación preliminar a la declaratoria de alerta refirieron una supuesta falta de certeza de las estadísticas expuestas, manipulación de intereses partidistas, la utilización de las mujeres como un pretexto para atacar al Gobernador del Estado y una clara politización como trasfondo de este asunto.
La representante del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México, Lorena Cruz Sánchez y la asesora jurídica de la entidad, lejos de argumentar razones de fondo, se concretaron a desacreditar las actuaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, señalando que las acciones fueron sesgadas, pues la notificación sobre la solicitud de alerta fue realizada en días inhábiles y sin que se haya realizado una investigación a fondo sobre los señalamientos referidos por las organizaciones sociales. Estos fueron argumentos verdaderamente legaloides.
Por su parte, la Directora General del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Martha Lucía Mícher Camarena, defendió la procedencia de la solicitud presentada y aclaró que esta figura no es un enjuiciamiento para el estado de México ni para su gobernador sino un procedimiento administrativo preventivo y de investigación que busca inicialmente conformar un grupo de expertos y expertas en perspectiva de género que daría su opinión para que posteriormente se analizara la procedencia o no de la declaratoria de alerta de violencia de género. Así mismo, precisó enfáticamente que la investigación preliminar busca garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia y que se concreta mediante el conjunto de acciones de emergencia que el gobierno, en su caso, implementaría para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.
Martha Lucía Mícher Camarena llamó la atención de la razón de ser de los institutos e instancias de las mujeres en los estados para defender y promover los derechos humanos de las mujeres, mismo que han costado una larga lucha de más de 30 años y llamó a no votar para incumplir la ley, sino para actuar en congruencia con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como con los diversos tratados internacionales en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres y de conformidad con la reciente sentencia dictada en 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras “Campo Algodonero”.
La Representante del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México aclaró que la función de las y los representantes integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, es la de defender los derechos de todas las mujeres, al margen de consideraciones partidistas y de intereses de gobierno. De igual forma, precisó que el sentido último de la alerta es precisamente buscar un acceso a la justicia pronta, efectiva y con la debida diligencia para las mujeres y niñas, es decir, facilitar -en un contexto de violencia sistemática- un mecanismo efectivo para hacer cesar las violaciones graves a los derechos de las mujeres y las niñas.
Cabe mencionar que el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres está integrado por el Subsecretario de Gobernación, los mecanismos estatales para el adelanto de las mujeres e instancias y organismos autónomos del Gobierno Federal.
Las representantes que votaron en contra de la alerta fueron entre otros: Zacatecas, Aguas Calientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas; en tanto, entre quienes argumentaron su procedencia se encuentran además de este Instituto, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña y el de Jalisco, el Instituto Nacional de las Mujeres, FEVIMTRA, la Secretaria de Desarrollo Social, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, y finalmente hubo dos abstenciones que corresponden a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres de los Estados de Baja California y Guanajuato.
La alerta de género, de acuerdo con la Ley de Acceso, tiene como objetivo garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra. De haberse aprobado, el Gobierno del Estado de México tendría la obligación de implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; así como elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres y asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta, entre otras medidas; sin embargo, al ser declarada como improcedente, el Gobierno mexiquense no está obligado a realizarlas, en perjuicio de las mexiquenses.
Para el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, la negativa para iniciar el proceso de investigación de los hechos evidenciados por las organizaciones sociales sobre la violencia feminicida en el Estado de México, constituye una afrenta que perpetúa el riesgo y la impunidad en el que ya viven las mujeres en el Estado de México.
¿Cómo se puede justificar el incumplimiento de la Ley ante un panorama tan evidente y desolador de violencia sistemática para las mujeres y niñas del Estado de México? ¿Qué duelo se puede elaborar por los familiares ante la reafirmación de la impunidad y la falta de interés por erradicar esta problemática?
Escritora y Periodista lydia Cacho
Mexico de hoy
La inseguridad alimentaria severa en hogares mexicanos con niños se duplicó entre 2008 y 2009 como consecuencia de la crisis económica, revela una encuesta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
De 20 millones de hogares con población entre 0 y 17 años, 1.6 millones (8%) presentaba en 2008 reducción en la ingesta de alimentos y hambre, mientras que para 2009 la cifra se disparó hasta 3.4 millones (17%), de acuerdo con los resultados de la encuesta.
El estudio denominado “La niñez y la adolescencia en el contexto de la crisis económica global”, establece además que en el mismo periodo los hogares con pleno acceso a la alimentación cayeron de 53% a 43%.
Se resalta que “el cambio más dramático” se observó en el porcentaje de hogares que declaró que algún niño había comido menos de lo que debería, el cual pasó de 14% a 26%, mientras que más de 50% de los hogares estudiados manifestaron haber presentado una reducción en sus ingresos.
La encuesta, cuyo levantamiento tuvo lugar el segundo semestre de 2009, fue dada a conocer en el foro “El impacto de la crisis económica en la infancia y la adolescencia: hacia una recuperación con equidad”. Incluyó un conjunto de variables que permitieron explorar, a través de la declaración de los entrevistados, su percepción acerca de los cambios en diferentes situaciones de interés. Entre éstas: la situación económica de los hogares; las dificultades para realizar el gasto en el consumo de ciertos bienes y servicios necesarios, y si se dejaron de realizar; así como la violencia en el hogar.
Mientras que en 7% de los hogares se reportó que en 2008 un niño o adolescente sintió hambre, pero no comió; en 2009 el porcentaje fue 18%.
Un comportamiento similar se observó en el porcentaje de hogares donde disminuyó la cantidad de comida para los menores de edad, que pasó de 16% a 24%. En el rubro donde un menor se acostó con hambre, pasó de 7% a 15% y al menos uno comió sólo una vez o dejó de hacerlo todo un día.
Trabajo infantil y deserción escolar
El UNICEF y el Coneval resaltan que un porcentaje alto de niños y niñas tienen acceso a las redes de protección social y están inscritos en programas como Oportunidades y Apoyo Alimentario.
Respecto a la deserción de los estudiantes y el número de los que trabajan, esto no tuvo cambios significativos.
En el primer rubro 85% de la población de tres a 17 años de edad asistía regularmente a la escuela, tanto en 2008 como en 2009. Entre el grupo de tres a cinco años pareciera haber disminuido la asistencia escolar y entre el grupo de 12 a 17 años, aumentó.
Sobre el trabajo infantil, se aprecia una disminución de 20% a 15%, diferencia que es estadísticamente significativa, en la participación laboral de las y los menores de 17 años en periodo de estudio.
En lo que se refiere a violencia doméstica, 8% de la población mencionó haber regañado o pegado a alguno de los niños o niñas como consecuencia de los problemas económicos en el hogar y 5% dijo que habían regañado o pegado en más ocasiones a los menores de edad en 2009 que en 2008.
Para hacer frente a la crisis, se recogieron opiniones en el marco de la encuesta, que derivaron que en uno de cada tres hogares se mencionó que estarían dispuestos a comprar comida más barata o una menor cantidad de ella para mejorar la situación económica de su hogar y en dos de cada tres se reportó haber recurrido a esta estrategia en 2009.
En casi cuatro de cada 10 hogares entrevistados en 2009 se señaló que alguno de sus integrantes se había visto obligado a conseguir otro empleo o a vender diversos productos por falta de dinero; en un porcentaje similar de hogares, estarían dispuestos a recurrir a esas actividades para mejorar su economía
EL UNIVERSAL
Si no se atienden las urgencia los medicos seran sancionados
Los médicos que no atiendan estas las disposiciones serán sancionados de seis meses hasta cinco años de prisión
El Senado de la República avaló reformas que obligan a todos los centros de salud, públicos y privados, a proporcionar la atención médica urgente a cualquier persona que así lo requiera.
Además, el responsable 'del servicio de urgencias tomará medidas que aseguren la valoración médica del usuario y el tratamiento completo de la urgencia o la estabilización de sus condiciones generales para que pueda ser transferido'. Al respecto, el presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado, Guillermo Tamborrel, dijo que esta modificación a la Ley general de Salud garantizará el servicio de emergencia a los mexicanos en todas las instituciones médicas.
En entrevista, afirmó que con estos cambios legales los médicos que no atiendan estas nuevas disposiciones serán sancionados de seis meses hasta cinco años de prisión, o en su caso, se les suspenderá del servicio médico hasta por dos años.
A su vez, el senador Antonio Mejía Haro indicó que se busca acabar con 'la negligencia de médicos y personal auxiliar' pero sobre todo 'con las políticas de algunos hospitales públicos o privados que ahora deberán atender a todo paciente que llegue en urgencia'.
Anuncian alianza Conagua – WWF - BID
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron una alianza a fin de establecer en México sitios de reserva de agua para uso ambiental, garantizando así los recursos hídricos necesarios para el adecuado funcionamiento de los ecosistemas, a fin de contribuir a hacer realidad la visión prospectiva de la política hídrica nacional.
“Con esto, México podría ser un ejemplo a nivel Latinoamérica, debido a que en el resto de la región se requiere este tipo de esquemas, pues plantean políticas de largo plazo que trascienden los programas gubernamentales”, afirmó Omar Vidal, Director de WWF en México, quien también destacó que “entre los más de 20 países con los que WWF trabaja, no hay alguno que haya avanzado en el tema del agua tanto como México”. En este sentido, José Luis Luege, Director General de la Conagua, aseveró que para determinar estas reservas ya se tienen avances legales, pues la Ley de Aguas Nacionales incluye el uso ambiental, determinado como “el caudal o volumen mínimo necesario en cuerpos receptores, incluyendo corrientes de diversa índole o embalses, o el caudal mínimo de descarga natural de un acuífero, que debe conservarse para proteger las condiciones ambientales y el equilibrio ecológico del sistema”. Asimismo, el Artículo 29 BIS 5 de la misma Ley permite restringir el uso del agua cuando se afecte el uso ambiental, lo cual facilitará establecer una estrategia de protección hídrica, puntualizó el titular de la Conagua. Por su parte, Eugenio Barrios, Director General del Programa Agua de WWF, informó que, luego del trabajo coordinado con Conagua, se tienen importantes avances técnicos para determinar las reservas de agua en el país. Entre ellos destacó la selección —con base en datos técnicos, legales y sociales, entre otros— de los sitios con muy alta, alta y mediana posibilidad de decretarse como reservas de agua, los cuales formarían parte de un sistema nacional. Muchos de los sitios seleccionados, señaló, coinciden con áreas bajo algún régimen de protección nacional o internacional, como la denominación de Áreas Naturales Protegidas (ANP) o la clasificación que establece la Convención Ramsar para los humedales de importancia internacional, lo cual constituye grandes oportunidades para concretar su resguardo en materia hídrica. En relación al financiamiento, Ellis Juan, representante del BID en México, manifestó el interés de la institución internacional para realizar un aporte económico inicial y poder establecer las primeras reservas de agua, lo cual sentaría las bases para construir un esquema de cofinanciamiento público-privado entre el BID, la alianza WWF - Fundación Gonzalo Río Arronte, y el Gobierno Federal Mexicano, a través de la Conagua. El titular de la Conagua puntualizó que para garantizar la continuidad a largo plazo del esquema de las reservas de agua es indispensable involucrar a líderes sociales, especialistas, asociaciones, y otros grupos consolidados interesados en el tema ambiental, pues serán ellos quienes lleven esta estrategia más allá de los plazos de los programas gubernamentales. Afirmó que esto puede lograrse con estructuras como los Consejos y Comités de Cuenca, así como los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS), entre otros. José Luis Luege, Omar Vidal, y Ellis Juan, coincidieron en que las reservas de recursos hídricos son indispensables para mantener la cantidad y calidad del agua útil para el buen funcionamiento de los ecosistemas, lo que permitirá conservar y mejorar sus condiciones, con el objetivo de que continúen prestando diversos servicios ambientales. Con esto, señalaron, los ecosistemas podrán seguir manteniendo la calidad de los gases de la atmósfera, regular el clima, conservar y mejorar la calidad del agua, controlar los ciclos hidrológicos, proteger las zonas costeras, generar y conservar los suelos fértiles, controlar la fauna, polinizar cultivos, generar alimentos acuáticos y terrestres, entre muchos otros que son indispensables para la conservación del planeta. Del mismo modo, hicieron énfasis en que al establecer un esquema de protección hídrica en las cuencas, como parte de la estrategia de las reservas de agua, forma parte de las acciones que se requieren para implementar la política hídrica mexicana de largo plazo llamada Agenda del Agua 2030, que está integrada por 38 iniciativas relacionadas con cuatro ejes principales: ríos limpios, cuencas en equilibrio, asentamientos humanos seguros frente a inundaciones catastróficas y cobertura universal de los servicios de agua. Finalmente, acordaron que próximamente se darán a conocer los avances técnicos en materia de reservas de agua, en tanto que los primeros decretos podrían ser anunciados a finales de 2011 |
Aseguradoras Piratas
En México se ha detectado la operación de empresas que ofrecen seguros al público sin ser aseguradoras, lo que deriva en un engaño y un fraude para el asegurado.
Alberto Guerrero, director general del Corporativo Jurídico Sanitario, SA de CV, denunció la existencia de por lo menos 7 empresas con domicilio en el Distrito Federal, Chihuahua y Jalisco, pero con presencia en todo el país, que operan desde hace más de 10 años fuera del marco de la ley. En entrevista con La Razón, el también agente de seguros avalado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) aseguró que las actividades de estas empresas se han concentrado en vender sin autorización supuestos seguros de responsabilidad profesional para los prestadores de servicios de salud, sin que al presentarse el siniestro puedan responder por el asegurado.
En el país la mayoría de los médicos, enfermeras, anestesiólogos, cirujanos y demás profesionistas dedicados a la medicina contratan un seguro con el propósito de ampararse y recibir asesoría jurídica en caso de ser demandado por algún paciente.
Alberto Guerrero detalló que en el sector público se estima que 100 por ciento del personal médico está asegurado, para lo cual el IMSS o en su caso el ISSSTE llevan a cabo concursos de licitación entre las aseguradoras, además de que la póliza se renueva cada 2 años.
Sin embargo, precisó que en el caso del sector privado se estima que menos de 50 por ciento de los prestadores de servicios médicos cuentan con un seguro y quienes lo tienen lo han adquirido con una de estas “aseguradoras pirata”.
Operan con engaños. El experto mencionó que los vendedores de estas pólizas falsas ofrecen ventajas superiores a los beneficios comunes de un seguro de este tipo, lo que genera una competencia desleal en el mercado asegurador.
El seguro de responsabilidad profesional para prestadores de servicios de salud se ofrece en México por aseguradoras como GMX, Inbursa, GNP, Axa y Seguros Atlas, entre otras.
Su costo promedio oscila entre 3 mil y 4 mil pesos al año; mientras que las pólizas apócrifas se venden en 6 mil 800 pesos por una supuesta cobertura de 2 años.
Pero más que en el precio, Alberto Guerrero destacó que la diferencia y lo que sorprende a quienes buscan asegurarse son las condiciones de la póliza, pues ofrecen una cobertura ilimitada, “lo cual ninguna aseguradora ofrece y menos puede hacerlo una empresa que sólo tiene 50 mil pesos de capital social”. Además, dijo que varias de estas empresas han utilizado las pólizas de Inbursa o Ixe para engañar al público, y al momento en que un asegurado reclama los servicios, no reciben ni siquiera asesoría. ¡Ponte alerta! La denuncia ha sido presentada en contra de estas empresas por vender pólizas de seguros sin autorización:
· Protección Médico Nacional SA de CV y/o Corporativo PMN, en el DF
· Prosilver SA de CV, en el DF Protección Jurídica Corporativa Empresarial, en el DF
· Alianza Médico Legal, en Cd. Juárez, Chihuahua
· Protección Legal Integral, en Guadalajara, Jalisco
· Protección Médico Legal, en el DF
· Instituto Nacional de la Defensa del Médico, en el DF
Artículo del Diario La Razón de México.
Liberan Vapor con Material Radioactivo
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| Recibió golpes reactor de Fukushima, la radiación en medio de los esfuerzos frenéticos para evitar colapso SENDAI - Una explosión en la central nuclear donde voló el edificio que alberga un reactor hiriendo a cuatro trabajadores, los funcionarios se apresuraron a evitar un colapso. La explosión daño el sistema de refrigeración de la central eléctrica, que se vio afectada por sismo del viernes de magnitud 8,8. Tokyo Electric Power Co., la empresa que opera reactor N º 1 de la planta de Fukushima, dijo que los cuatro trabajadores heridos en la explosión - dos de su propio personal y dos de otra empresa, no tiene lesiones que amenazan la vida y todos se mantuvo consciente La explosión cerca de 250 km al noreste de Tokio, destruyó las paredes y el techo de la nave de crianza, que albergaba el reactor, el secretario del gabinete Yukio Edano dijo a los reporteros en una conferencia de prensa convocada a toda prisa la noche del sábado. Imágenes de televisión mostraron que el techo de la planta de energía y las paredes habían desaparecido. TEPCO (Tokyo Electric Power Co.,) dijo que el techo del edificio se derrumbó después de un temblor grande. Yukio Edano instó a los residentes locales a mantener la calma y dijo que los niveles de radiación estaban siendo monitorizados cuidadosamente. Asimismo, instó a todos los residentes que viven dentro de los 20 km de Fukushima N º 1 y 10 km de la N º 2. "Ahora estamos tratando de analizar lo que está detrás de la explosión", dijo Edano. "Pedimos a todos a tomar medidas para garantizar la seguridad." La planta de energía nuclear perdió la capacidad de enfriamiento después de ser sacudido por el devastador terremoto del viernes, y el cesio radiactivo y yodo se detectaron. La detección de los materiales, que se crean en el proceso de fisión atómica, llevó a la agencia de seguridad nuclear a admitir lo que esta sucediendo De acuerdo con el Gobierno de la Prefectura de Fukushima, las emisiones por hora radiación de la planta de Fukushima alcanzado microsieverts 1015 en las instalaciones - una cantidad equivalente a la dosis de una persona ordinaria que reciben en un año.  La Seguridad Nuclear e Industrial dijo la Agencia de efectos graves para la instalación de contención del reactor afectado era poco probable a pesar de la explosión. Edano también dijo que los niveles de radiación han ido disminuyendo y la vasija de contención del reactor no fue dañado en la explosión. El viento en la región es débil y se dirigía en una dirección noreste - hacia el mar - por el momento, dijo la Agencia Meteorológica. La compañía resolvió descargar la presión en los contenedores de los reactores para evitar que se produzca una fusión nuclear, la agencia de Seguridad Nuclear e Industrial. Tepco (Tokyo Electric Power Co.,) permitió la liberación de vapor que probablemente incluyen los materiales radiactivos, la radiación se había elevado a un nivel inusualmente alto cerca de la planta nuclear # 1. Trabajo para despresurizar los recipientes, y evitar que las plantas sufran daños y la pérdida de su función de contención crítica, se llevó a cabo en virtud de una orden gubernamental sin precedentes. En la planta # 1, la cantidad de radiación que alcanza alrededor de 1.000 veces lo normal dentro de la sala de control del reactor, y 70 veces lo normal cerca de su puerta principal. Era la primera vez que una fuga radiactiva externa había sido confirmada desde el desastre. Informaciones previas indicaron que los EE.UU. la Fuerza Aérea, estaban ayudando a proporcionar líquido refrigerante a la planta dañada, confirmación por el Secretario de Estado, Hillary Clinton, Informe elaborado a partir de Kyodo, AP sábado 3.30 pm 12 de mzo 2011 |
Un tirano apoyado por los poderosos del mundo............
Feb 2011
El suministro de gas libio es vital para Italia, y en menor medida para España, Alemania y Francia, y la primera alarma ha saltado hoy porque un grupo de opositores al régimen de Gadafi, llamado 17 de febrero (la fecha en la que prendió la mecha de los disturbios), ha colgado en su página web un mensaje que advierte a la Unión Europea, y "en particular a Italia" lo siguiente: "La gente de Nalut recuerda que forma parte de un pueblo libio libre, y tras vuestro silencio sobre las matanzas realizadas por Gadafi, ha decidido que interrumpirá desde la fuente el flujo de gas libio hacia vuestros países, cerrando el yacimiento de Al Wafa que lleva el gas hacia Italia y el norte de Europa pasando por el Mediterráneo".
ENI, la empresa de energía italiana, ha confirmado hoy que anoche ha cerrado el gasoducto Greenstream por una "cuestión de procedimiento" ante los disturbios, pero ha asegurado de que Italia tiene reservas suficientes para afrontar el final del invierno.
Negocios multimillonarios
Además del gas, son el petróleo y las gigantescas reservas de petrodólares las grandes armas que Gadafi ha empleado para seducir a Silvio Berlusconi, que en los últimos dos años se ha convertido en el principal paladín del regreso del coronel a la escena internacional.
Ambos países desarrollan en este momento un gran número de negocios millonarios, envueltos en un gigantesco conflicto de intereses entre lo público y lo privado, entre la alta política poscolonial y la diplomacia de los negocios personales y estatales.
Se cotizan en la Bolsa de Milan
Muchas de las empresas que cotizan en la bolsa de milán están resentidas por tan cercana relación. Esta mañana, ese parqué ha suspendido las cotizaciones aduciendo problemas técnicos. El organismo regulador del mercado así como los operadores bursátiles han pedido explicaciones por la supuesta avería. Estos últimos sospechan que la suspensión ha sido una manera de evitar que las compañías cotizantes con intereses en Libia siguieran cayendo.
La tarea de legitimación del entonces "perro libio" (Ronald Reagan) ha sido dura y fatigosa, a ratos vergonzosa. Y hoy se ha convertido en la gran obsesión del Gobierno italiano, que ha reaccionado a la salvaje represión del régimen amigo con lentitud, tibieza y ambigüedad juzgadas como "intolerables" por la oposición, que ayer acusó a Berlusconi de haber humillado la dignidad italiana al comprometerse con un régimen autoritario y criminal.
Roma teme que el caos paralice o acabe con los numerosos acuerdos firmados con el dictador libio. Hay en juego autopistas, fútbol, helicópteros, radar, trenes, televisiones, bancos, coches, incluso un hotel de lujo en el centro de Trípoli.
Desde que hace dos años, el 30 de agosto de 2008, Libia e Italia firmaron en Bengasi el tratado que cerraba un largo y tenso contencioso colonial, con solemnes peticiones de perdón de Il Cavaliere al Coronel incluidas, Libia se ha convertido en uno de los escenarios favoritos de inversión de las grandes empresas italianas. Y viceversa, Gadafi ha inyectado grandes cantidades de dinero líquido en empresas italianas siguiendo los consejos de Berlusconi.
Todo ello, con la inmigración clandestina y los derechos humanos como sangrante telón de fondo: el acuerdo permitía a Italia y a la UE a devolver a Libia en masa a los inmigrantes africanos capturados en sus aguas incumpliendo las leyes internacionales que protegen a los peticionarios de asilo. Las denuncias de torturas, extorsiones y malos tratos a los inmigrantes en Libia son continuas.
Negociador pirata
Según los cables de Wikileaks, la diplomacia estadounidense cree que Gadafi, al que define como un "negociador pirata", tiene también intereses en el tráfico de personas y la mafia de la emigración clandestina.
La relación entre Gadafi y Berlusconi ha merecido hasta ocho visitas del jefe de Gobierno italiano a Libia, y cuatro devoluciones de la cortesía por parte del Rais libio. En la primera de ellas, julio de 2009, Berlusconi tuvo un repentino dolor de espalda que le impedía moverse. Gadafi advirtió desde su avión que si Berlusconi no le iba a recibir al aeropuerto no aterrizaba. Según los cables secretos, Berlusconi se tuvo que inyectar dos calmantes para poder acudir, y en el aeropuerto estuvo a punto de desmayarse.
Pero quizá el momento más comprometedor fue cuando Berlusconi besó la mano del Coronel durante una exhibición ecuestre celebrada en el cuartel de carabineros de Roma, en 2010. Aquella vez, el líder libio amenazó a la Unión Europea con no bloquear los desembarcos de emigrantes africanos desde sus costas si Bruselas no sufragaba los gastos. "Libia, con el apoyo de Italia, exige a Europa al menos 5.000 millones de euros anuales", dijo Gadafi. "Es en interés de Europa, porque si no, mañana, el avance de inmigrantes podría convertirla en África, en un nuevo continente negro".
Esa visita, que conmemoraba el aniversario del Tratado, indignó también a los católicos y las mujeres italianas porque Gadafi ofreció dos prédicas del Islam a 500 azafatas pagadas. "Con el tratado de amistad hemos cerrado una herida del pasado", replicó a las críticas el primer ministro italiano, "y todo el mundo debería alegrarse de esta visita. El que no lo haga", añadió Berlusconi, "pertenece al pasado".
Cine con Ben Ammar, banca con la Liga del Norte
El artífice de la reconciliación entre Trípoli y Roma fue, curiosamente, un empresario franco-tunecino: el magnate y financiero Tarak ben Ammar, productor de cine y televisión, amigo de Berlusconi y de Gadafi, y socio de ambos en la productora y distribuidora Quinta Communications, fundada en 1990 por Ben Ammar.
La compañía libia Lafitrade tiene el 10% de Quinta Communications, mientras la principal sociedad financiera de Il Cavaliere, Fininvest, posee, tras un aumento de capital realizado en 2009, cerca del 22%. Hace dos años, Quinta Communications y Mediaset adquirieron cada una el 25% de la nueva televisión tunecina Nessma TV.
Los intercambios entre Italia y Libia se han disparado en los últimos meses.
En junio, Gadafi prometió prioridad a las empresas italianas sobre las de los demás países. Y esa prioridad parece mutua: el dictador libio es el primer accionista, con el 7,5%, de Unicredit, el mayor banco italiano, después de que la Libian Investment Authority adquiriera el 2,59% del capital en septiembre pasado (el restante porcentaje estaba en manos del Banco Central libio).
La escalada libia sobre Unicredit coincidió con la dimisión del consejero delegado Alessandro Profumo, y creó gran inquietud entre los analistas porque superaba la cuota legal del 5%. La operación se interpretó como una cesión de Berlusconi a Gadafi y, paradójicamente, como un favor a la xenófoba Liga del Norte, su socio en el Gobierno, que con la anuencia del capital libio aumentó su poder de decisión en el banco. Mediobanca, en cuyo consejo se sienta Marina Berlusconi, hija del primer ministro italiano, controla el 5,14% de Unicredit.
Los intereses más importantes llevan el sello de ENI, el gigante energético italiano, que realizará inversiones los próximos 20 años en Libia por valor de 18.200 millones de euros. Las dos mayores constructoras italianas, Astaldi e Impregilo, firmaron además contratos por 5.000 millones de euros para construir la autopista que unirá Trípoli con Egipto, un viejo sueño del panarabista Gadafi. La sociedad estatal aeroespacial Finmeccanica se hizo con un millonario contrato para desplegar radares en el desierto libio que ayuden a controlar la inmigración. Libia ha adquirido recientemente el 2% de Finmeccanica. Además, el dictador libio es dueño hace años del 7,5% de la Juventus, el equipo de la FIAT.
Curiosamente, Berlusconi y Gadafi han seguido cerrando tratos hasta la última semana, cuando Roma permitió a Gazprom acceder al negocio del crudo libio, con la venta de ENI a su homóloga rusa de una cuota del 33% en el importante pozo petrolífero Elephant, situado 800 kilómetros al sur de Trípoli.
La preocupación no es poca. Berlusconi ha anunciado esta mañana que intentará llamar a Gadafi en el transcurso del día para decirle que "ya basta de tanta sangre". La incógnita es si habrá alguien al otro lado de la línea que le responda
Traducido y Editado por: Semanario de hoy (la verdad como es…………..)
Articulo proporcionado por Miguel Mora. / Roma Italia
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